Las 445 propuestas

El lunes anterior,  Carlos Alfonso Velásquez, con quien nos turnamos éste espacio, proponía unos interrogantes para los uribistas del “No”, expresando que quienes votamos en favor de la paz y en contra de la redacción de algunos puntos de los acuerdos antepondríamos “el bien común a intereses por la próxima elección”, lo cual formulaba a título de pregunta, junto con un cuestionamiento acerca de la justificación de cambios de fondo en el mandato popular por haber obtenido un triunfo con menos del uno por ciento.

Sin tener cercanía con los grupos recibidos en Palacio, algunos radicamos  propuestas, que sumaron 445,  diez mil menos que cuando comenzaron los diálogos con las FARC hace cuatro años; en la mía, para propiciar el fortalecimiento y transformación institucional, le propuse a Santos que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, con presencia de las FARC-EP con voz y voto con un número determinado de curules, por ejemplo ocho (8); el número de dos (2) para la UC-ELN, en proporción al número actual de integrantes de ese grupo frente al primero; cinco (5) curules para representantes de las víctimas; veinticinco (25) para voceros del SÍ; veintiséis (26) para voceros del NO y cuatro (4) curules para representantes internacionales con voz pero sin voto. Se tramite una ley de punto final que incluya a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a los sujetos (particulares, Bacrim, etc., sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz), sumado a la entrega de bienes para el resarcimiento de las víctimas, así como actos particulares de perdón.

Pedí la no revictimización a través de programas de reinserción civil, política y económica para las víctimas, viudas, huérfanos y padres de miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y particulares reconocidos como víctimas. Así mismo, límites concertados a la reelección del Congreso, con la mitad del Senado de la República de origen regional; una circunscripción de “desmovilizados” (FARC-EP y UC-ELN) y víctimas, sumado a los ajustes a la reforma rural integral, para cumplir con el programa “huerta casera” allí incluido, con cero aranceles a maquinarias e insumos para el campo.

Y, la implementación de mecanismos de prevención de cualquier forma de corrupción para la aplicación transparente de los recursos a partir de siete medidas que están en los Acuerdos de Cartagena y no se han reglamentado: Acompañamiento especial de los órganos de control; Fortalecimiento de mecanismos de control interno; creación de mapas interactivos de seguimiento; mecanismos de rendición de cuentas y para la denuncia ciudadana, veedurías ciudadanas y mecanismos de transparencia, entre otras.

Tal vez no todo sea procedente, pero difiero en el sentido que algunas ideas pueden ser pertinentes.