Sastrería constitucional

El 12 de noviembre, el Editorial de este diario se refirió a la “sastrería constitucional”, un buen término para hablar de ese salón de modista de barrio en el que se ha convertido el Congreso de la República en sus comisiones primeras, llenas de practicantes en patronaje, zurcido y postura de botones. Ese mismo día, el presidente Santos pidió en la Universidad Libre, que lo más rápido posible el Congreso aprobara el plebiscito para que pueda ser revisado por la Corte Constitucional antes de mayo, es decir, está como la señora que con las vastas quiere ponerse el vestido y estrenarlo.

La Constitución es una norma marco para la Convivencia de todos los colombianos, no el mecanismo de expresión de todas las aspiraciones que hay en la sociedad, de tal forma que los proyectos de reforma deben ser expresión de aspiraciones de un amplio espectro social, no de intereses puntuales. La Constitución es una norma con pretensión de estabilidad y el constante “manoseo” que ha tenido con casi cuarenta reformas en 25 años, la crítica permanente a los representantes del Congreso mediante la presentación de proyectos de reformas, y ahora la iniciativa insurgente, lo que puede es crear en la opinión pública una sensación de inoperancia o de incorrección del texto Constitucional.

La iniciativa para reformar la Constitución tiene al Gobierno, como uno de los principales impulsores de la actividad estatal de esta potestad, en el entendido de que como representante de la mayoría del pueblo colombiano tiene la autoridad para proponer un cambio significativo de la forma de ser del Estado, pero, qué yo sepa, el principal negociador no ha expresado tal propuesta en nombre de las autoridades constituidas.

Ahora, el decreto 2176, reglamenta el funcionamiento del Consejo Interinstitucional del Posconflicto creado por el artículo 127 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), que creó el Consejo Interinstitucional del Posconflicto con el objeto facilitar la coordinación interinstitucional, la coordinación entre el nivel nacional y territorial y facilitar la toma de decisiones que se requieran para articular y supervisar la preparación del alistamiento e implementación de los acuerdos que se deriven de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones armadas ilegales, así como para articular los programas que contribuyan de manera fundamental al posconfiicto y a la construcción paz.

Como decía Emmanuel-Joseph Sieyés, en el <Ensayo sobre los Privilegios>: “guardémonos de dejarnos seducir por esas apariencias gesticulantes y engañadoras”, pues, precisamente, en la apariencia de un buen resultado, los diálogos de Cuba se han vuelto –desde el comienzo-, un escenario de alto costo para Colombia.