Con abnegación, el pueblo colombiano se adapta a
distintas circunstancias de la vida nacional, aceptando que su clase dirigente,
sus gobernantes, sus jueces, sus congresistas, sus fiscalizadores y
controladores, sus militares, sus policías, en mayor o menor medida malgasten
el presupuesto público o se aprovechen en beneficio propio del ahorro nacional
que les ha sido confiado.
Ahora que se aproxima la solución definitiva a las
negociaciones de paz, que no al conflicto, por lo cual, lo que sigue es la
etapa del posacuerdo. Reconstruir moralmente al país no es solamente un
problema ético, sino una condición de supervivencia, una condición que agrava
ese cáncer político e institucional que afecta toda la estructura del país y
que nos deja aún preocupados por la suerte de cómo encontrar la fe perdida y la
solución duradera para enfrentar la crisis, reconstruir moralmente las
instituciones y asegurar en un ambiente de concordia, aún muy difícil de
lograr, la paz que requiere Colombia, ya que muchos dirigentes han cohonestado
la catástrofe de siglos con una grave irresponsabilidad por parte de
generaciones de clase dirigente para ver que la crisis se supera interpretando
y encauzando moralmente los complejos fenómenos sociales de nuestro tiempo.
Terminó ya el primer mes de los nuevos gobernadores
y alcaldes; el enfrentamiento con los concejos y asambleas en muchos rincones
del país, muestra que el único afán era romper el entendimiento para lograr la
reconciliación y la paz y solamente anteponer las cuotas burocráticas y la
rapiña presupuestal al supuesto interés y beneficio común que debe mover su
actividad política.
Qué lejos estamos de asegurar a los colombianos una
presencia transparente de su dirigencia en las aspiraciones electorales, que
luego se traducen en que la calificación será siempre baja en la recuperación
de la confianza pública, que genera profundos desequilibrios sociales y
económicos.
A pesar del repunte –real o artificial- de la
economía colombiana frente a otros países de la región, aún existen grandes
sectores de nuestra población que viven en condiciones de miseria y atraso y
cuya dramática situación se contrasta con la abundancia de recursos y
oportunidades de los sectores de mayores ingresos y, aún de algunos sectores
beneficiados con vivienda y crédito-beca educativa en diferentes niveles de
formación. Aún falta mucho, pero estas diferencias dependen de muchos factores
que requieren la paulatina incorporación de los colombianos a una vida más
amable que sólo se logra en paz, pero no en la paz antibelicosa, sino en la paz
de los hogares y en la observancia de la Doctrina Social, que aunque expedida
por los pontífices con el calificativo de “a todas las personas de buena
voluntad” desde San Juan XXIII, hace que tengan cabida la universalidad de
hombres y mujeres, sean o no católicos. Allí encontraremos un buen manejo a los
fenómenos de marginalidad social y podremos superar uno de los grandes desafíos
contemporáneos, la desigualdad social.
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