A propósito de marchas y movilizaciones, éstas comenzaron en Colombia hace 91 años,
cuando en abril de 1927, el presidente Miguel Abadía Méndez, el último de los presidentes
gramáticos, anunció que la estabilidad del Estado se encontraba amenazada con la
conmemoración del 1 de mayo, con una gran “revuelta bolchevique”, lo cual fue combatido
con la expedición del Decreto 707, para garantizar el orden público y la seguridad social,
“procurando la general sumisión de las personas a la Constitución y leyes nacionales y el
respeto debido a los derechos individuales y garantías sociales reconocidos en ellas;
descubriendo las tramas, maquinaciones y conciertos contra la seguridad de la Nación”.
Los 24 artículos de esa norma, permitieron al ejecutivo contrarrestar fuertemente la subversión
que comenzaba a tomar protagonismo en los campos y ciudades colombianas, haciéndose
imperativo el control de reuniones y, el decomiso de armas; de ahí que cuando estallaren
huelgas o movimientos subversivos en cualquier región del país, caducarán ipso facto, sin
excepción alguna, todos los permisos que con anterioridad se hayan otorgado para llevar armas
y para vender cualquiera de los artículos o elementos a que se refiere el citado Decreto (Lanza,
puñales, cachiporras, etc.).
Esas circunstancias, nos hacen recordar la frase de Hernando Gómez Buendía: “el rasgo más
chocante de la <personalidad> colombiana”, que es el de “nuestra asombrosa incapacidad para resolver
conflictos”, debido a nuestra intolerancia. Pero, el viernes 25 de agosto de 1989, “fue necesario que
el espíritu nacional se estremeciera” una semana después del asesinato el 17 de agosto del magistrado
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia y, el 18 de agosto de
Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha y del coronel (póstumamente brigadier general)
Valdemar Franklin Quintero en Medellín, más de 20.000 estudiantes de las universidades
participamos calmadamente, sin capuchas, sin agredir a nadie, sin romper ni un solo vidrio, ni
saquear siquiera un puesto de dulces, estuvimos en la <<marcha del silencio>>, que fue <<la
voz>> del proceso transformador que se avecinaba con la Constituyente.
En esa marcha, a las puertas del Cementerio Central de Bogotá, algunos de nuestros
compañeros con megáfono, leyeron un panfleto de media cuartilla en el que se consignaba la
aprobación de nuestra generación a los siguientes puntos:
1. El rechazo a todo tipo de violencia, cualesquiera que sean las ideologías o intereses que
pretendan justificarla.
2. La exigencia al respeto de los derechos humanos en Colombia.
3. El apoyo a las instituciones democráticas en su lucha contra todas aquellas fuerzas que
pretenden desestabilizarlas, llámense narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares u
otros.
4. El rechazo para estos fines, y en virtud de la autodeterminación de los pueblos, de
cualquier tipo de intervención armada por parte de Estados extranjeros.
5. La solicitud de convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que
impiden que se conjure la crisis actual.
6. La exigencia de la depuración exhaustiva de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del
Gobierno y de los partidos políticos.
HERNÁN OLANO® ASOCIADOS.
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Luego de la marcha, las oleadas terroristas no se dejaron esperar: 27 de agosto en Medellín
nueve agencias bancarias dinamitadas de los bancos Cafetero, de Colombia, del Estado y del
Comercio, y desactivadas bombas en otras cuatro sucursales, en el edificio Monterrey y en el
Club Unión; 2 de septiembre, 150 kilos de dinamita destruyeron las instalaciones de “El
Espectador”, hiriendo a 73 personas; el 16 de octubre el turno, con cuatro muertos le
correspondería en Bucaramanga al diario “Vanguardia Liberal”; el 27 de noviembre la bomba al
avión HK-1803 que cubría la ruta Bogotá-Cali; el 6 de diciembre, una tonelada de dinamita al
90%, cobraría 41 muertos y 300 heridos en las instalaciones del Departamento Administrativo
de Seguridad D.A.S., que quedaron totalmente destruidas, junto con propiedades de
particulares ocho cuadras a la redonda; en resumen, lo que el cantautor colombiano Andrés
Cepeda titularía “Es la Historia de mi Generación”.
La propuesta de los estudiantes del 25 de agosto, llevó a realizar una gran cruzada nacional, a
través de una publicación en “El Tiempo” el 22 de octubre de 1989, con la cual se recogieron
35.000 firmas de apoyo a la iniciativa titulada “Todavía podemos salvar a Colombia”, las cuales se
remitieron al Presidente Virgilio Barco Vargas, con una importante solicitud que dio origen a
lo que se conoció como “El Gran Debate Nacional”, antesala de la Constituyente.
Esta semana nos vemos avocados a un paro nacional, hago un llamado a las fuerzas vivas, para
que no ocurra nada parecido a cuando la CSTC y otros sectores políticos y comunitarios,
organizaron en contra del gobierno López Michelsen un durísimo paro cívico nacional el 14 de
septiembre de 1977, una protesta popular contra las medidas económicas ante una inflación del
32%, que desbordó los límites de una manifestación y se tornó violenta. El gobierno calificó
dicha manifestación nacional como subversiva y se quiso evitar su desarrollo con el estado de
sitio y el toque de queda; incluso, recuerdo una persona muy cercana que salió hasta la esquina
a expresarse como conservador contra el gobierno liberal, y se lo llevaron a la cárcel de “El
Barne”, violándole sus derechos mínimos fundamentales.
Nunca se había visto que cantantes, políticos, la Conferencia Episcopal, así como la Señorita
Colombia, convocaran una manifestación contra el Gobierno; un paro “farandulero”, podría
decirse hoy en día; pero, lo más importante, frente a los desmadres de la situación, es el que si
bien poseen unos derechos los ciudadanos, tampoco se puede cohonestar con la violencia.
Como dice el cantautor chileno Alberto Plaza: “Hay muchas buenas razones para protestar,
pero no hay ni una sola buena razón para destruir un país”.
