Hace una
semana, con los estudiantes de una Maestría en Derecho Administrativo, les proponía
responder a una pregunta, ¿Cuál es la estructura más eficaz para que el Estado
funcione?
Una estructura fuerte para el Estado colombiano no responde actualmente al
querer interno sino a los compromisos internacionales que muchas veces hacen
tambalear el querer de quienes de buena o mala fe quisieron darle forma a las
instituciones.
Los órganos y
sus funciones autónomas le dan una dinámica distinta a lo que para una
necesidad histórica se requiere, e incluso obedecen a la cesión de una
soberanía del Estado, que nos ponen en una posición de permanente "living constitution”.
La armonización
del ordenamiento jurídico, tanto con lo propio, como con lo que va llegando en
el "hard law" y en el "soft law", hacen casi inviable
conocer la normatividad y adaptarnos a unos esquemas influenciados por las
distintas familias jurídicas del mundo, la romano-germánica, la del common law, la de los derechos
socialistas, e incluso la de los derechos fundamentalistas, que únicamente
contribuyen a incrementar el denominado <Boterismo> constitucional.
Ese nuevo
derecho comun, ese conjunto de normas y principios incorporados por diversas
vías, bien por tratados o por otros medios, que lo único que han hecho es
ponernos en una situación en que la Constitución ni siquiera es parámetro para
el control de constitucionalidad o de la legalidad de las normas.
Lo más
importante y lo que en realidad, por fuera del desorden generalizado, es que
las normas, la aplicación de las mismas y el desarrollo jurídico de nuestras
propias instituciones, deberían estar destinadas a cuidar siempre el Ius Cogens, es decir, a proteger la
dignidad humana que debería ser el verdadero carácter vinculante de todas las
disposiciones para una real gobernabilidad.
La rendición de
cuentas como obligación de informar y explicar las acciones a otros debido a la
presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer sanciones o
premiar comportamientos destacados, implican un proceso de responsabilidad de
la administración publica ante la sociedad, como consecuencia del control
social que debe ejercer el pueblo como titular de la soberanía.
Se requiere
entonces ponderar y prevenir ciertos comportamientos en la administración en el
marco de una planeación estratégica que tenga como meta un sistema de gobierno
al verdadero servicio de la comunidad, centrado en resultados, con permanente
capacidad de medición, con responsables específicos para el logro de los
objetivos del gobierno, descentralizador, efectivo, competitivo, verdaderamente
meritocrático, promotor del desarrollo, austero, cero tolerante con la
corrupción y con los corruptos, transparente, eficaz, transparente, que respete
las diferencias y que en realidad reconozca los valores de la persona.
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