martes, 22 de abril de 2014

Plan de Gobierno

Hace una semana, con los estudiantes de una Maestría en Derecho Administrativo, les proponía responder a una pregunta, ¿Cuál es la estructura más eficaz para que el Estado funcione?
Una estructura fuerte para el Estado colombiano no responde actualmente al querer interno sino a los compromisos internacionales que muchas veces hacen tambalear el querer de quienes de buena o mala fe quisieron darle forma a las instituciones.
Los órganos y sus funciones autónomas le dan una dinámica distinta a lo que para una necesidad histórica se requiere, e incluso obedecen a la cesión de una soberanía del Estado, que nos ponen en una posición de permanente "living constitution”.
La armonización del ordenamiento jurídico, tanto con lo propio, como con lo que va llegando en el "hard law" y en el "soft law", hacen casi inviable conocer la normatividad y adaptarnos a unos esquemas influenciados por las distintas familias jurídicas del mundo, la romano-germánica, la del common law, la de los derechos socialistas, e incluso la de los derechos fundamentalistas, que únicamente contribuyen a incrementar el denominado <Boterismo> constitucional.
Ese nuevo derecho comun, ese conjunto de normas y principios incorporados por diversas vías, bien por tratados o por otros medios, que lo único que han hecho es ponernos en una situación en que la Constitución ni siquiera es parámetro para el control de constitucionalidad o de la legalidad de las normas.
Lo más importante y lo que en realidad, por fuera del desorden generalizado, es que las normas, la aplicación de las mismas y el desarrollo jurídico de nuestras propias instituciones, deberían estar destinadas a cuidar siempre el Ius Cogens, es decir, a proteger la dignidad humana que debería ser el verdadero carácter vinculante de todas las disposiciones para una real gobernabilidad.
La rendición de cuentas como obligación de informar y explicar las acciones a otros debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer sanciones o premiar comportamientos destacados, implican un proceso de responsabilidad de la administración publica ante la sociedad, como consecuencia del control social que debe ejercer el pueblo como titular de la soberanía.

Se requiere entonces ponderar y prevenir ciertos comportamientos en la administración en el marco de una planeación estratégica que tenga como meta un sistema de gobierno al verdadero servicio de la comunidad, centrado en resultados, con permanente capacidad de medición, con responsables específicos para el logro de los objetivos del gobierno, descentralizador, efectivo, competitivo, verdaderamente meritocrático, promotor del desarrollo, austero, cero tolerante con la corrupción y con los corruptos, transparente, eficaz, transparente, que respete las diferencias y que en realidad reconozca los valores de la persona.

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