Conciliada, pero aún no sancionada ni promulgada, a la espera del show presidencial correspondiente, como ha sido la desafortunada tradición de este Gobierno, se encuentra la ley por medio de la cual se rinde honores a la ciudad de Armero y sus víctimas.
Según el mandato de los artículos 161 de la Constitución y 186 de la ley 5, la Comisión de Conciliación estudió las diferencias de los textos aprobados por las Plenarias del Senado y de la Cámara, resolviendo acoger el texto aprobado en el Senado y sus 46 artículos.
Es una ley extensa y ambiciosa, que requerirá de mucho dinero para su ejecución, incluyendo una orden en el artículo 45, al disponer que será falta grave imputable a los correspondientes funcionarios no darle puntual cumplimiento a la precedente ley 1478 de 2011, de honores a Armero-Guayabal, disposición que también es un inútil canto a la bandera.
Si bien la ley tiene por objeto rescatar y afianzar la memoria y la identidad histórica, sociológica y cultural de la desaparecida Armero y la proyección de su legado al mundo, tal vez el único que lo ha logrado, sin una ley que lo ordene, ha sido el ilustre armerita Gerney Ríos González, promotor y gestor de la educación solidaria gratuita para más de 60 mil personas a lo largo del país, donde siempre ha llevado en alto la bandera de su patria chica.
La finalidad de la ley es la de reivindicar la dignidad de una ciudad que fue sumida por el lodo y el olvido y favorecer el desarrollo armónico e integral de la economía y la calidad de vida de Armero-Guayabal, promoviendo diversas materias: el turismo, el medio ambiente, el desarrollo industrial a través de estímulos para la creación de nuevas empresas y proyectos y la capacitación, honrando también a los sobrevivientes de la tragedia con el “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas de la tragedia de la ciudad de Armero”, estableciendo un día cívico más cada 13 de noviembre, cuando el gobierno nacional ha de recordar no sólo a los armeritas, sino también a las víctimas de las tragedias naturales que han afectado a nuestro país.
La nacionalización de los terrenos de la antigua Armero y la conservación de sus ruinas; los monumentos y el colegio en homenaje a Omaira Sánchez; el Museo Centro de Memoria Histórica; el Parque Temático <Jardín de la Vida>, así como los excesos del artículo 33 y las facultades pro témpore al Ejecutivo para dar cumplimiento a la ley, son algunas otras disposiciones incluidas en la ley.
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