miércoles, 6 de abril de 2011

¿Quién ronda el Decreto 1700?

La ex candidata conservadora Nohemí Sanín lo hizo saber de los medios la semana anterior, acerca de la creación de una “casta de privilegiados”, con la modificación de las normas de protección de los ex presidentes de la República y de sus cónyuges, que estaban incluidas en el Decreto 1214 del 6 de mayo de 1997; sin embargo, desde el 14 de mayo pasado, el Gobierno Nacional había resuelto expedir el Decreto 1700, por medio del cual se dictan unas disposiciones de protección y seguridad para los señores expresidentes y ex vicepresidentes de la República, sus hijos, cónyuge supérstite y familiares, quien sabe hasta qué grado de consanguinidad, afinidad o parentesco civil, amatorio o concubinario, puesto que la norma no lo especifica.

Dicha disposición, defendida por el señor Vicepresidente, quien confesó en caracol el 1 de junio ser el artífice de que se tuviera en cuenta a los Ex vicepresidentes, cónyuge, hijos y familiares, es una norma sobre la cual no se puede medir el impacto fiscal en su aplicabilidad.

Resulta que dispone que cada una de las pocas o muchas personas cobijadas por tan magno beneficio, deba tener un servicio de seguridad permanente no inferior a dos miembros de la Policía Nacional, tanto en su residencia como en las instalaciones donde tengan ubicado su despacho; igualmente, para sus desplazamientos contarán todos estos, incluidos delfines y segundones, con personal de escolta, que ha de ser designado por la policía Nacional y/o el Departamento Administrativo de Seguridad, mientras lo liquidan, e incluso puede incluirse adicionalmente personal de escolta de otras fuerzas.

Además de la escolta, la norma trae como gabelas los medios de transporte, comunicaciones, armamento y “demás” que se considere indispensable para cumplir con la misión, a lo que se suma una bonificación especial del 30% para los escoltas sobre su asignación básica mensual, así como el acceso y utilización de los servicios de las instalaciones administrativas, hospitalarias, sociales y recreativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional cuando lo requieran, ¿con o sin costo?

Según comunicado de la Casa de Nariño del 1 de junio, “El servicio de seguridad para los hijos y familiares de los ex presidentes y ex vicepresidentes, estará sujeto al estudio de nivel de riesgo adelantado por la Policía Nacional, la cual determinará su viabilidad”, ¿pero, quién se atreverá a removerle la escolta a uno de estos familiares, cuando el decreto no indica hasta qué grado de parentesco se aplica?

¿Vigilará este saco sin fondo el señor Contralor General, que es hijo de Expresidente?

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